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Ahora en la Constitución buscan acotar remuneraciones de servidores públicos

En la carrera emprendida entre sí por los diputados para ver quién presenta más propuestas para regular las remuneraciones de los servidores públicos, este miércoles tocó el turno al perredista Erik Juárez Blanquet planear una reforma para establecer que desde la Constitución del Estado se regule el tema.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucional del Congreso, plantea que desde el texto constitucional se establezca la obligación de los gobiernos para incluir en sus presupuestos de egresos los tabuladores.

También Juárez Blanquet quiere que en la máxima norma estatal quede establecido que todos los funcionarios de elección popular y servidores públicos del estado, municipios y organismos autónomos reciban una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Como remuneración define toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Establece que ningún servidor público podrá ser mayor a la establecida para el Gobernador del Estado y esta a su vez no será superior a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto de egresos.

Además se busca determinar que ningún servidor público tenga una remuneración igual o mayor que la de su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dicha retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el gobernador del Estado, y esta no será mayor de la mitad a la establecida para el presidente de la República.

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