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Antropología forense, ciencia para un país de barbarie donde la verdad nunca se sabe

Revolución3.0

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En la imagen de un video institucional, con una música enigmática, fotografía sombría y la barbarie como un rompecabezas, el gobierno explica a la sociedad mexicana la “verdad histórica” sobre cómo fueron supuestamente secuestrados, asesinados, quemados y arrojados a un río de Cocula, los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es el trabajo de una agencia de investigación federal que contiene las conclusiones “finales”, “contundentes”, sobre un caso que ha sorprendido al mundo por su salvajismo y opacidad.

“Le encargué a “El Pato” que se hiciera cargo de todo, de entrevistas y de darles piso (matarlos), y que destruyera todo, que quemara celulares y pertenencias de los detenidos, ya que esa había sido la instrucción. El Pato ya había acostado a cuatro detenidos y les disparó en la nuca, con su arma corta”, confiesa a la cámara, flacucho y nervioso, uno de los imputados identificado como El Cepillo.

Los testimonios de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”; Patricio Reyes, “El Pato”; Jonathan Osorio, “El Jona”, y Agustín García, “El Chereje”, son presentados en el video como el sustento final de la investigación. Crímenes antepuestos como la piedra angular en el México donde la incertidumbre y el descrédito gobiernan.

Pero la “versión” no funciona a una opinión pública exigente, cansada, que parodia los movimientos institucionales. A seis meses de la tragedia y dos de la “verdad histórica” difundida por Jesús Murillo Karam, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), la confesión de los cuatro delincuentes sigue levantando dudas; sino no es que franca desconfianza.
¿Dónde están los chicos? ¿Quién se los llevó?

La ciencia cuestiona:

“El EAAF [Equipo Argentino de Antropología Forense] desea reiterar que esto no excluye la posibilidad de que algunos de los normalistas hayan corrido la suerte señalada por la PGR; aunque aún, en nuestra opinión, no hay evidencia científica al respecto en el basurero de Cocula”, se sostiene un documento difundido públicamente. Más adelante añaden: “La evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que solo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados.”

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Volvamos tres décadas atrás.

Es mayo de 1984, Argentina. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización no gubernamental de derechos humanos dedicada a la búsqueda de los niños desaparecidos junto con sus padres, posiblemente asesinados en la dictadura militar, solicitan la asistencia del periodista Eric Stover, director del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencias (AAAS), con sede en Washington.

El tránsito a la democracia exige “verdad, reparación y justicia” para un aproximado de 30 mil personas desaparecidas; en las fosas clandestinas donde proliferan miles de muertos NN, la consigna queda grabada pero no hay forma de llevarla a cabo.
En la delegación enviada por AAAS llega el reconocido antropólogo Clyde Collins Snow, quien, enfundado en un traje de Cowboy, sin saber español ni mucha idea de lo que pasaba en el Cono Sur, organiza una conferencia para presentar sus conocimientos en antropología forense.

El evento se convirtió en un fracaso. Pocos de los asistentes entienden palabra alguna de ese connotado hombre de apariencia estrafalaria. Sólo se sabía de su trabajo en la identificación de los esqueletos de John F. Kennedy, las víctimas del asesino serial John Wayne Gacy conocido como “El Payaso Asesino”, la identidad del faraón egipcio Tutankamón así como de 1 mil 500 casos donde había logrado tener resultados positivos en restos osificados.

Morris Tidbal Binz, entonces un joven estudiante con conocimientos en el inglés, traduce cada una de sus palabras. Surte efecto en varios estudiantes de antropología y arqueología. El hombre propone apoyar en las tareas de identificación de los desaparecidos de la dictadura, pero nadie responde a su llamado. Las instituciones flaquean. Lo ignoran. Vuelve a organizar otra conferencia, pero en esta ocasión sólo asisten varios jóvenes: ellos se convertirán en unos años en el Equipo Argentino de Antropología Forense.

En la reunión, donde acuden Douglas Cairns, Patricia Bernardi, Sergio Aleksandrovick, Morris Tidbal Binz, Luis Fondebrider, Mercedes Doretti y Hernan Vidal, se animan de un lado y otro. Escuchan la ponencia de ese hombre que arrastra las palabras y las dispara como una metralla. Snow les propone que lo acompañen a una excavación. Acuden. Nuevamente el gobierno cierra las puertas y, en varias, hasta zanjan la desconfianza: la democracia está mutilada.

Será hasta tres años después que el Equipo Argentino se constituye como una organización que se mantiene hasta la fecha, con los siguientes objetivos:

1) Aplicar las ciencias forenses a la investigación y documentación de violaciones a los derechos humanos.
2) Aportar pruebas en los procesos penales nacionales, en las Comisiones Especiales de Investigación y en los Tribunales Internacionales correspondientes.
3) Asistir a los familiares de víctimas en su derecho a la verdad y a la justicia, ofreciéndoles una investigación forense independiente y la posibilidad de que recuperen los restos de sus seres queridos desaparecidos, de tal modo que puedan cumplir con los ritos funerarios y el duelo sus muertos según sus costumbres.
4) Colaborar en el entrenamiento y creación de equipos en otros países, en los cuales es necesario investigar violaciones a derechos humanos.
5) Dictar seminarios sobre la aplicación de las ciencias forenses a los derechos humanos destinados a organizaciones humanitarias, sistemas judiciales e institutos forenses en todo el mundo.
6) Fortalecer este campo del saber participando en iniciativas forenses de alcance regional e internacional.
7) Contribuir a la reconstrucción histórica del pasado reciente, que suele quedar oculto o estar distorsionado por la acción de las partes en conflicto o por las instituciones gubernamentales involucradas en los crímenes investigados.

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Será el primer equipo de expertos dedicados a la exhumación de restos, con métodos científicos, en busca de preservar los derechos humanos.

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La versión donde los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados, contiene las principales deficiencias que se enfrentan los casos de desaparición forzada en el país: A) La participación de las autoridades, en este caso, policías municipales, federales y el propio ejército. B) El acotamiento de las hipótesis para borrar el rastro de las víctimas; los normalistas y padres de familia han puesto énfasis en la participación del ejército mexicano en los hechos de Iguala. C) La imposibilidad de llegar a conclusiones efectivas, después de la desaparición de los rastros físico de la persona. E) La violación del derecho a la verdad.

No obstante, el caso Iguala es uno entre miles:

Cada hora con veinte minutos, en México, de forma sistemática, una persona será desaparecida o “extraviada” según la última actualización del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La estadística oficial que, hasta el 31 de octubre del 2014, registraba 23 mil 615 denuncias, en un pequeño lapso de tres meses se disparó estrepitosamente. La cifra escaló 2 mil posiciones más en relación con el último informe; ahora existen 25 mil 736 averiguaciones abiertas, única y exclusivamente por dicho delito.

‒¿Cuáles son las principales peripecias que enfrenta una familia a la hora de buscar a un desaparecido, sobre todo en el ámbito jurídico?

‒Mira, lo principal –contesta Ximena Antillón, investigadora de Fundar– es la búsqueda inmediata, ¿no? Eso es muy importante. Lo que se dice es que el tiempo es el enemigo de los familiares y de las personas desaparecidas, en el sentido de que, entre más tiempo transcurre es más complicado hallarlos, incluso encontrarlos con vida. Entonces, lo que los familiares necesitan, es que comience la búsqueda inmediata. Entonces, ahí se encuentran con el primer obstáculo.

“No se inicia la búsqueda inmediata y cuando se inicia, en general no empieza por desplegar policías de investigación en campo. Sino que comienza por lo que los familiares llaman ‘una búsqueda de papel’ o de oficio. Es decir, las autoridades comienzan a mandar oficios a diversas instancias para saber si la persona está ahí. Mandan oficios para saber si la persona está detenida, o para saber si persona está en un hospital psiquiátrico, etcétera. ¿No?

“Esto sucede, porque las autoridades no cuentan con protocolos de búsqueda”.

“Otro de los obstáculos que hemos podido documentar a partir del trabajo con los familiares, es todo el deterioro socioeconómico que necesita tener a un familiar desaparecido y comenzar la búsqueda. Porque los familiares necesitan, obviamente, dedicar tiempo a acudir a las autoridades, acudir a las diferentes diligencias, participar en las búsquedas, etcétera y, esto tiene implicaciones para su situación económica”.

‒Cuando estas personas desaparecidas, pudieran estar muertas, digamos, enterradas en una fosa clandestina, como es el caso de Iguala, ¿cuáles son los principales obstáculos?

‒Mira, pasa un poco de lo que pasa con la búsqueda en vida: no hay protocolos unificados para la investigación en vida y tampoco hay protocolos unificados para la identificación forense. La Procuraduría y la Secretaría de Gobernación, hicieron públicos el año pasado protocolos de identificación forense. Lo hicieron en el tema “ante-mortem”, “pos-mortem” que permitiría cruzar los datos biológicos de la persona desaparecida y que los familiares ofrecen para cotejar con los datos de los no identificados.

“Sin embargo, lo que hemos visto es que en la práctica esto no se está implementando: las exhumaciones y las excavaciones se hacen sin protocolos. Entonces es terrible porque las personas no tienen certezas de que los restos correspondan a su familiar. Hay casos en donde al excavar y exhumar los restos, las propias procuradurías locales los mezclan. Es un trato indigno para la persona fallecida y para sus familiares que genera todo un proceso de victimización. Si de por sí los familiares están iniciando una situación muy dolorosa, pues todo esto lo hace aún más difícil.”

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La segunda vez que el Equipo Argentino de Antropología Forense tuvo presencia en nuestro fue en el año 2002, cuando, por iniciativa de la presidencia de la república, se les pidió para ayudar a los nuevos casos que investigaba una fiscalía de las personas desaparecidas por razones políticas durante los años 1960 y 198. Años en los que se suscitó el periodo conocido como «guerra sucia». Durante los años de existencia, la Fiscalía documentó la desaparición de 797 personas, aunque sólo pudo acreditar la participación del Estado 436; pues 208 casos únicamente se “acredita una 15 presunción fundada que se cometió ese crimen y en 152 casos el Informe no niega que los hechos se hayan suscitado pero carece de información”. Siendo Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Estado de México y Distrito Federal, los principales escenarios de la tragedia.

Su participación en las investigaciones, la confirmó el propio EAAF en el año 2003, año en el que presentó su trabajo en el informe que corresponde a dicho periodo.

Ahí el grupo dijo: “En una primera misión, a petición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), el EAAF realizó una evaluación preliminar de las posibles fosas de desaparecidos durante la violencia política de los años 1960 y 1970. En una segunda misión, el EAAF participó en una conferencia sobre la ciencia forense en Cuernavaca, Morelos, dando un taller sobre antropología forense a los representantes forenses de las comisiones estatales de derechos humanos.”
La importación de peritos extranjeros no era un hecho incidental.

De acuerdo a una definición suscrita por Amnistía Internacional, la antropología forense es el estudio de asuntos médico-legales relacionados con una persona fallecida, por medio de la examinación y el estudio de los restos del esqueleto para, entre otras cosas, tratar de determinar la identidad de la persona, la forma y las causas de su muerte.

Por otra parte, en un perfil dedicada a esta disciplina, elaborada por el académico Valencia Caballero, el desarrollo de dicha disciplina data de hace unos años en nuestro país y se enfrenta a deficiencias para desarrollarse, pese a los niveles violencia que imperan en el país: hay “poca investigación realizada, los contados colegas que la desempeñan y lo más importante, la necesidad inmediata para crear una institución que forme antropólogos forenses en el amplio sentido de la especialidad”.

Los resultados son tangibles: para atender una demanda de 25 mil desaparecidos y miles de fosas clandestinas, existen sólo ocho especialistas, cinco de los cuales trabajan en la PGR. Es decir, no se desempeñan en alguno de los 32 estados de la república, donde se producen la mayoría de las desapariciones en el país. El 2014 fue hasta el año pasado, cuando la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la incorporó a su plan de estudios.

“En México la antropología física forense tiene más de treinta y cinco años de haber sido aplicada por primera vez en un contexto legal. Durante todo ese tiempo los antropólogos mexicanos han hecho muy poco para desarrollarla e impulsarla a diferencia de los europeos o estadounidenses. Ahora bien si de comparación se trata, no se debe olvidar que en ambos continentes la antropología física forense tiene la misma temporalidad pero sólo en Estados Unidos se ha logrado ‘consagrar’”, sostiene.

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La recuperación de restos para someterlos a un examen de identificación, es un proceso en el que es necesario desarrollar en tres pasos. La versión que contradijo los señalamientos de la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso Iguala, más que una declaración política, deriva de la metodología usada para llegar a la verdad científica:

Un buen procedimiento forense para identificar a una persona desaparecida debe de hacerse en tres pasos: un registro biológico, la exhumación y por último un análisis de laboratorio.

“Posteriormente, debe buscarse el lugar donde se presume la persona podría haber sido inhumada, muchas veces eso lo determina la propia autoridad. Hay otras que debemos hacerlo nosotros. Aquí intervienen dos ramas del Equipo: la criminalística y la arqueología forense. Ellos son los expertos encargados de analizar los suelos, determinar dónde y en qué lugares existen variaciones terrestres. En qué puntos la compactación es irregular. Donde se ubican una posible escena criminal. Ubicando el terreno todo avanza mejor. Pues ya sólo resta a rascar mediante una retícula”, sostienen dos integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense.

En el caso del basurero de Cocula, al desconocerse las circunstancias de cuándo se encontraron los supuestos restos quemados de los normalistas, se mutiló parte de la verdad. A excepción del cuerpo del joven Alexander Mora Venancio, la única víctima que se ha podido comprobar que fue asesinada, los demás restos permanecen en el anonimato y por tanto, no pueden darse por muertos.
Antropología forense, ciencia para un país donde la verdad nunca se sabe.

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