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Beneficiaría a empresas mineras y refresqueras la reforma a la Ley de Aguas: investigadores

Pese a que constituyen en un 70 por ciento el abastecimiento de las necesidades básicas en México y que representen el 97 por ciento del recurso disponible, las aguas subterráneas carecen de una reglamentación que corresponda al interés nacional en su aprovechamiento y cuidado, antes que privilegiar a industrias como la refresquera, la automotriz y mineras, consideraron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al advertir consecuencias graves para el país si avanza en el Congreso de la Unión la iniciativa que pretende sustituir a la actual Ley de Aguas.

Los riesgos de esta reforma que “no incluye un esquema claro de gestión para el agua subterránea” y en la que el plazo vence el día último de abril, cuando concluyen las legislaturas en las cámaras de Diputados y Senadores, es que la misma se caracterice en una continuidad de las reformas estructurales que impulsa el gobierno federal por “la privatización de la infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad, la autorización de los trasvases, así como la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea para actividades altamente contaminantes como el fracking y la minería”.

Incluso, con la actual ley en vigor, consideraron los investigadores, México enfrenta 20 demandas internacionales de inversionistas, 11 de ellas relativas al tema del uso del agua, elemento que refleja que “no hay un ordenamiento estricto en la materia”, como ya lo hacen otros países al aplicar normas de protección en sus aguas subterráneas.

En rueda de prensa ofrecida en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia de la UNAM, Carmen Carmona, Joel Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch, destacaron que no se puede hablar en la actualidad de pérdidas en volúmenes hídricos de las aguas subterráneas, ya que se desconoce su dimensión e incluso su uso, lo que deviene en una anarquía plena en su usufructo. Citaron el caso de los pozos “que cualquiera puede abrir, no hay regulación sobre pozos ni quien lo controle, así que no se sabe cuántos pozos existen en el país”, al igual que se desconoce la calidad del agua que se extrae de esta forma.

No obstante, resaltaron, sí hay efectos inmediatos en la población por efectos contaminantes, que en materia de salud pública se relacionan con el consumo de alimentos contaminados o bien materiales pesados como el arsénico o el fluor, con efectos aún más graves, situación que advierte que las plantas de tratamiento de aguas se mantienen “inservibles” y no hay un control en las descargas que impactan directamente al subsuelo, al igual que estimaron que en términos generales el agua que consumimos en México es cada vez más cara y de mala calidad.

Esta reforma, indicaron, se plantea en un contexto donde en materia presupuestaria se recortan recursos cada vez más a dependencias como la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría del Medio Ambiente, al igual que “nadie está viendo lo que está pasando” con el uso del recurso, situación que incluso permea en la falta de investigadores y especialistas. Pusieron como ejemplo que en California, la sequía que la abatió por un quinquenio obligó a crear una ley para la gestión de aguas subterráneas y que estará vigente hasta el año 2030.

Los investigadores forman parte del grupo que redactó el trabajo “Ley del Agua Subterránea: una propuesta”, misma que señalaron ya fue planteada a las comisiones encargadas de analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, donde se les planteó anexarlo como “un capítulo”, cuando lo que formulan es ya todo un ordenamiento legal que en 98 artículos, dos títulos, 11 capítulos y 8 transitorios, busca el “reconocimiento de la importancia del funcionamiento sistémico de los flujos de agua en el subsuelo a través de un enfoque de protección y conservación ambiental”.

Como parte de un grupo académico interdisciplinario de la UNAM, los investigadores presentaron este trabajo en marzo del 2017 al diputado federal Ignacio Pichardo Lechuga, impulsor de la reforma federal que busca, para los investigadores de la UNAM, beneficiar a industrias altamente contaminantes y con grandes volúmenes extractivos –aspecto en el que citaron el caso de Michoacán, donde la industria aguacatera requiere de altas necesidades de agua-, además de riesgos como el fracking y sin dejar de considerar efectos del cambio climático que no se pueden precisar como impactos en el recurso porque no se han investigado.

En el contexto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, destacaron, el tema de aguas subterráneas es estratégico ya que gran parte de las inversiones extranjeras “requieren fundamentalmente de agua, pensemos en las grandes compañías mineras, automotrices, el sector agroalimentario, por mencionar algunos cuántos, que extraen grandes cantidades de agua subterránea y éste tema ha pasado como de forma a priori, como que no es necesario tener un esquema pero gran parte de estas riquezas de estas empresas, como las refresqueras, se hace a partir de agua subterránea, entonces aunque no está claro en la renegociación del TLC, el tema de las aguas, está ahí latente” ante la necesidad de saber cuánta agua se está utilizando y quien lo está haciendo.

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