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Confirma la CNDH que Marina sí disparó con una ametralladora a familia en Tamaulipas

En marzo de 2018, la Secretaría de Marina emitió un comunicado en el que explicó que desde la noche del sábado y durante algunas horas más, en tres diferentes acciones, personal naval fue agredido con armas de fuego “por presuntos infractores de la ley”.

Tras describir las agresiones, señaló el comunicado que, “con el fin de disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas de civiles y de personal naval, se realizaron acciones con apoyo aéreo de un helicóptero de esta institución. Como resultado total de estas agresiones, un elemento de la institución perdió la vida y 12 más se encuentran heridos. Asimismo, fallecieron cuatro presuntos infractores de la ley, presumiblemente pertenecientes a grupos criminales responsables de la generación de violencia en el estado de Tamaulipas”. 

Después de esto se agregó en otro documento que en ningún momento la Marina disparó desde el helicóptero contra ningún vehículo. Nada se dijo de una familia atacada donde dos niñas fueron asesinadas por disparos desde el aire, mientras su madre también moría y padre quedaba con severas heridas.

El caso y la denuncia de éste fue presentada ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C. por parte de Sara Anali Ruiz Martínez en contra del personal operativo de la Secretaria de Marina la Armada de México, por las lesiones que presenta su hija menor de edad, Leslie Ruiz Martínez, de 12 años de edad, en tanto el señor Damián Rojas Moreno presentó también una denuncia por las lesiones por arma de fuego que presenta su hijo Efraín Rojas Santos así como las ejecuciones extrajudiciales de sus nietas Kenia Azul Rojas Ruiz de tres años y Shelsea Abril Rojas Ruiz de cinco años de edad, así como la ejecución extrajudicial de Nayeli Ruiz, esposa de Efraín, de acuerdo a un documento entregado por el Comité a Revolución TRESPUNTOCERO.

“Ahí el helicóptero comenzó a aventarles granadas encima, la primera granada no les hizo nada, pero siguieron tirándoles desde arriba y después empezaron a balacearlos. Cuando el carro se detuvo, los de la Marina bajaron y se acercaron. Tenían a mi cuñado herido y apuntándole, encañonándolo, con sus pistolas.

Uno de la Marina se acercó y se asomó al carro y miró a las niñas y dijo (a sus compañeros) ‘es familia, es familia. Mándale una ambulancia’ y se fueron, los dejaron ahí y nunca les dieron auxilio”, versa el testimonio de Sara, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.

“Al instante de eso mi niña (Leslie) me habló por teléfono, ella me habló cuando sucedió todo (aproximadamente a la una de la mañana) y yo llegue de volada y me gritaba,  ‘ayúdame mamita, me estoy desangrando, no me quiero morir, mi tía se está muriendo’, mientras tanto le decía a una de las niñas: ‘Bibi no te me mueras Bibi, no te me mueras’, y se le murió en sus brazos, la niña mas chiquita de mi hermana (Kenia Azul) venía en el estomago de mi hermana, en el frente y ella nada más dijo ‘mami’ (y se murió).

Y mi cuñado Efraín le decía a mi hermana Nayeli, ‘gorda, no te mueras, contéstame, gorda, gorda’ y ella, no respondía, mi hermana iba recayendo y recayendo hasta que cayó en el hombro de mi cuñado Efrain y dijo ‘ay’, y murió”, relató Sara, la única que atestiguó el final de los hechos.

Los hechos documentado por Revolución TRESPUNTOCERO fueron negados por el personal de Marina, una semana después la PGR aceptó que en efecto sí se habían cometido disparos desde un helicóptero.

“La agresión a la familia que viajaba en un automóvil en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con disparos de arma de fuego realizados desde un helicóptero de la Secretaría de Marina (SEMAR) que provocaron la pérdida de la vida de dos niñas y su madre, así como daños a la integridad de otras tres personas, motivó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera la Recomendación 4/2019, dirigida al Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán”, señala la CNDH en el documento que se da a conocer este miércoles, un año después de los homicidios.

Luego de investigar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de quienes viajaban en dicho automóvil, por el uso arbitrario de la fuerza letal y la omisión de brindar auxilio y adoptar medidas de protección por los elementos navales que formaban parte de la tripulación de la aeronave. 

Los disparos realizados se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto.

Aun cuando los efectivos navales argumentaron que en ese sitio habían sido atacados con disparos de arma de fuego y respondieron a la agresión, se constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, y su empleo devino en arbitrario y contravino lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas y las diversas Directivas sobre la observancia de los derechos humanos y que regulan el uso de la fuerza por parte del personal naval en cumplimiento de sus funciones.

“Además de violentar diversos artículos de la Constitución Federal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, relacionados con el derecho a la vida e integridad personal”, señala el documento.

Las víctimas sobrevivientes narraron que después de la agresión, cuando el vehículo en el que iban se detuvo por completo en medio de la carretera, observaron que la aeronave se acercó a su automóvil y que de la misma descendió personal uniformado que se habría percatado que las personas que iban en el vehículo eran integrantes de una familia y que algunas resultaron lesionadas, no obstante, se retiró del lugar sin brindarles auxilio, a pesar de que el Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas establece la obligación de procurar o permitir a las personas lesionadas atención médica o su traslado a la instalación sanitaria más cercana.

La CNDH también acreditó que esos disparos no tuvieron como propósito disuadir, sino se tradujeron en uso arbitrario de la fuerza letal, al incumplir los principios de estricta necesidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. Además, la unidad de la SEMAR no contaba con equipo para realizar videograbaciones nocturnas para documentar la actuación de sus elementos, lo que contraviene diversas disposiciones legales sobre el particular.

El Organismo señaló que no se opone a que las autoridades realicen tareas de prevención, investigación y persecución de delitos, sino a que por ello se vulneren los derechos humanos, por lo cual solicitó a la Secretaría de Marina que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las víctimas sobrevivientes, que incluya las medidas de rehabilitación necesarias y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.

También pidió que las instituciones colaboren en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien respectivamente ante el Órgano Interno de Control de la SEMAR y la Fiscalía General de la República; además, que la información publicada a través de comunicados de prensa sobre la participación de personal naval en operaciones de seguridad y mantenimiento del orden público sea objetiva, veraz y confiable.

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