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Demandan a exempleadas del Congreso por amenazas y difamación

Dos exempleadas del Poder Legislativo fueron demandadas por personal de la Secretaría de Finanzas del Congreso local por amenazas y difamación, esto en el marco de los procesos de negociación que la Cámara sostiene con quienes se han visto favorecidos en laudos emitidos por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Las demandadas son Lunia Valdés Hernández e Ivett Karina Campos Vargas, la primera por difamación y la segunda por amenazas en contra del Juan Miguel Abraham Martínez, asesor de la Secretaría de Finanzas del Congreso.

En el caso de Ivett Karina Campos, ella entró con los diputados de la LXX Legislatura, era la secretaría técnica de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y fue la pasada Legislatura la que prescindió de sus servicios, por lo que procedió a demandar a la Cámara. Es hermana del diputado suplente de Daniel Moncada en la actual legislatura.

El laudo emitido por el Tribunal a su favor, por más de un millón de pesos derivó en el embargo de la cuenta con la nómina del Congreso a principios de mes.

Por lo que toca a Lunia Valdés, ella fue coordinadora de comunicación del Congreso en la LXXI Legislatura y una vez finiquitada su función fue liquidada; posteriormente en la LXXII retornó como asesora en la fracción parlamentaria del PRI y ya que finiquitó funciones procedió a demandar al Congreso buscando ser indemnizada.

En marzo pasado Lunia Valdés haría público vía Facebook un intento de extorsión por parte de un funcionario legislativo quien le habría requerido una cantidad de la liquidación que en su momento cobró, esto para poder volver a trabajar en el Congreso como ella preveía. El tema sería retomado en medios de comunicación.

Juan Miguel Abraham Martínez es asesor de la Secretaría de Finanzas del Congreso y le corresponde realizar las negociaciones con exempleados que han demandado al Congreso, a fin de amortiguar los montos que toque pagar a la Cámara.

En el caso de la denuncia contra Karina Campos, él señala en su denuncia que el cuatro de abril a ella se le reinstaló debido a que el Congreso fue condenado a pagarle 1.01 millones de pesos y reinstalarla luego de un laudo emitido el 20 de mayo de 2016.

“Los apoderados jurídicos de la trabajadora son los abogados del despacho jurídico del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, Lic. Luis Fernando Rodríguez Vera; sin embargo, les ofrecí llegar a un arreglo conciliatorio y me señalaron que no se llegaría a ningún arreglo hasta que se pagara la totalidad del laudo condenado.

“Les informé que no se podía pagar esa cantidad, sin embargo el mismo día, señalaron para su embargo la cuenta bancaria del Congreso con la cual se paga la nómina a los trabajadores, cabe señalar que el día de la reinstalación la acompañó a ella el C, José Felipe Campos Vargas, diputado suplente del diputado Daniel Moncada, quien se presume es su hermano y/o familiar, con la intención de apoyarla por cualquier cosa que necesitara”.

Abraham Martínez refiere que al día siguiente fue a hablar con Karina Campos para llegar a un arreglo, “y ella amenazándome me dijo: no sabes con quién te metes, mi familia son políticos con poder y eso tú no lo sabes, te van a llamar para darme instrucciones; le pedí de favor llegar a un arreglo y me recalcó, págame el millón de pesos, yo estoy reinstalada y no me voy de ahí hasta que me pagues.

“El día viernes siete de abril, nuevamente fui acompañado por el director de Recursos Humanos, el Lic. Noé Díaz, para preguntarle si tenía su respuesta, contestándome, págame mi dinero, de aquí no me voy yo, y empezó a grabar con su celular, por lo que dije que no estaba trabajando, siendo éste el último día que la he visto; no le importó y hasta la fecha se presenta a laborar, firmando las listas de asistencia sin estar su nombre y no hace nada todo el día”.

Alude también a una nota periodística en la que Karina Campos lo acusó de extorsión, y refiere “es totalmente falso lo argumentado, ya que como se desprende de líneas anteriores, jamás he realizado malos tratos, mucho menos pedir la cantidad señalada por tal persona, las únicas veces que habré con ella lo fue para llegar a un acuerdo y solucionar su asunto laboral, por lo que a todas luces pretende presionar al Congreso y en particular a mi persona, pretende hostigarme, difamarme, mintiendo y haciéndose la víctima”.

Por lo que toca a la denuncia contra Lunia Valdés, de entrada apunta que él no está facultado a contratar personal en el Congreso.

“Lunia Valdés Hernández demandó con fecha ocho de abril de 2015 laboralmente al Congreso del Estado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dicha demanda se desprende diversas mentiras y falsedades, como lo son que supuestamente el Congreso le pagaba el 45 por ciento de prima vacacional, el adeudo del pago de aguinaldo correspondiente al año 2014 que le fue cubierto en tiempo y forma, asimismo reclama ocho días de descanso de días festivos, los cuales fueron disfrutados por ésta, así como el pago correspondiente del 25 por ciento de prima dominical, dicho reclamo es falso ya que jamás laboró los domingos.

“También reclama el pago de la cantidad de 310 mil 872 pesos correspondiente a mil 820 horas extras, desarrollando un horario de lunes a domingo de 9:00 am a 22:00 pm sin descanso semanal, lo cual es falso en su planteamiento por ser un horario inverosímil”.

Refiere que el 19 de febrero de 2016 dentro de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, se convino con su apoderada jurídica y otros tres trabajadores que demandaron pagarles diversas cantidades. En el caso de Lunia Valdés se acordó la cantidad de 55 mil 443.11 pesos, acuerdo firmado por la interesada. El pago se realizaría el 26 de febrero de 2016.

Posteriormente refiere que a finales de enero pasado el diputado Roberto Maldonado envió un oficio a la Secretaria de Finanzas del Congreso para contratar nuevamente a Lunia Valdés, ahora como asesora.

Refiere que el Departamento de Nóminas le informó tanto al legislador como a Lunia Valdés que no podía regresar al Congreso, por lo que el diputado optó por proponer a otra persona.

Abraham Martínez refiere que Lunia Valdés “está abusando de su profesión de licenciada en Ciencias de la Comunicación y los cargos que ha desempeñado en su experiencia laboral, pretende inventar na supuesta extorsión de mi parte y causando un desprestigio, dañando mi imagen y honor a mi persona; lo cual a todas luces queda acreditado que jamás sucedió”.

Además señala que el 26 de febrero pasado, día en que se habría realizado la presunta extorsión de la que Lunia Valdés lo acusó, él se encontraba en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado desahogando una audiencia e avenimiento con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, y posteriormente se retiré del lugar con los trabajadores a seguir las negociaciones.

Agrega que el 19 de febrero cuando se realizaría el pago del convenio por el juicio promovido por Lunia Valdés, “me comentó su apoderada jurídica, la Lic. Laura Aguirre, que si podía regresar su clienta al Congreso a laborar, y le informé que solamente que el diputado que la proponga tendría que tomar la decisión junto con la Secretaría de Administración y Finanzas, pero tendría que desistirse de la demanda que interpuso ante el Congreso”.

Léase también: Embargan nómina del Congreso, laudos ahogan sus finanzas

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