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Indígenas presos injustamente se suturaron los labios en protesta por violaciones a DD.HH en penal

En febrero de 2007, Juan fue sorprendido a las 7 de la mañana. “Entraron a mi casa. Rompieron mis ventanas y el portón sin ninguna orden de aprehensión o cateo”.

Lo sacaron de su casa con violencia y lo subieron a una camioneta. Durante varios días, Juan fue torturado. Además, durante 72 horas estuvo incomunicado sin recibir comida, agua o tener permitido ir al sanitario.

Después de una larga búsqueda su familia lo encontró. “El relato que hace Juan de su historia es un espejo para muchos otros presos y un reflejo de la corrupción del sistema penitenciario”, han señalado los activistas.

A Juan le pidieron 80 mil pesos o firmar unos documentos en blanco a cambio de detener la tortura. Finalmente Juan fue acusado de homicidio, “en un juicio lleno de irregularidades en la que la parte acusatoria presentó testimonios falsos, compró a su abogado y terminó sentenciado a 11 años de prisión”, se ha informado.

Además, se señala que tras la apelación le prefabricaron otro delito más y ampliaron su sentencia a 25 años. Juan lleva más de 12 años preso, habiendo agotado todos los recursos legales de su proceso.

En 2018 comenzó a organizarse con otros de sus compañeros dentro del CERSS número 5 y ahora ha iniciado una huelga de hambre, para denunciar los malos tratos que tanto él como sus compañeros, reciben dentro de la prisión. Juan es un indígena tzotzil perteneciente a la comunidad de San Juan Chamula. 

Él asegura que: “las cárceles están llenas de gente indígena. Muchos de nosotros no entendemos el castellano y no lo hablamos bien, por eso se les hace más fácil meternos a la cárcel. Ya basta de tanta injusticia”.

Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gómez Hernández se costuraron los labios, el viernes 29 de marzo de 2019, a 15 días de iniciar una huelga de hambre, “ante la omisión de las autoridades del Estado de Chiapas para atender sus demandas”, externaron. 

Ambos forman parte del Colectivo Viniketik en Resistencia y se encuentran en reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss.) Núm. 10, en Comitán de Domínguez, Chiapas.

Un día después, el 30 de marzo de 2019, Marcelino Ruiz Gómez y Baldemar Gómez Hernández denunciaron tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, por parte de David Arias, alcaide en turno del Cerss. Núm 10. 

“Mandó a un elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno. Después nos desnudó y nos metió al baño y nos baño con agua fría nos obligó a que le mostráramos nuestras partes intimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos”, de acuerdo al testimonio realizado a Frayba, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO.

El pasado 15 de marzo, seis personas privadas de su libertad iniciaron una huelga de hambre en diversas cárceles de Chiapas, el 18 de marzo siete personas más se unieron a este movimiento.

Las personas que se encuentran en huelga de hambre son: Abraham López Montejo y Germán López Montejo, en el Centro de Readaptación Social de Sentenciados No. 14 El Amate (CERSS No. 14 El Amate), en Cintalapa; Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruíz, Mariano Gómez López, Marcos Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Pérez Velasco, Mario Díaz Rodríguez, Felipe Díaz Méndez y Juan Castellanos Gómez en el CERSS No. 5 en San Cristóbal de Las Casas; así como Marcelino Ruíz Gómez y Baldemar Gómez Hernández en el CERSS No. 10 en Comitán de Domínguez.

Las 13 personas privadas de su libertad iniciaron la huelga de hambre al interior de las cárceles para denunciar las violaciones a los derechos humanos que viven cotidianamente en los centros penitenciarios en donde se encuentran, así como para reivindicar su inocencia ante los juicios injustos en que están siendo procesados. 

Es importante señalar que han denunciado tortura y tratos crueles inhumanos y/o degradantes desde el momento de su detención, 12 de ellos son indígenas tsotsiles.

Los 13 presos en huelga de hambre han indicado que “constantemente reciben amenazas y hostigamiento de parte de las autoridades penitenciarias para que desistan de su manifestación”.

Emma Martínez

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