HomePolíticaLos nahuas que defendieron el agua, detenidos en el gobierno de Peña y sentenciados a 50 años de prisión 

Los nahuas que defendieron el agua, detenidos en el gobierno de Peña y sentenciados a 50 años de prisión 

SIN EMBARGO

El 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, sentenció a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles a 50 años de prisión en el penal de Almoloya de Juárez.

Al momento de ser anunciada la resolución, los defensores del agua de San Pedro Tlanixco, una población que pertenece al municipio de Tenango del Valle, ya habían pasado 10 años en prisión preventiva.

La sentencia ha alertado a diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, en particular a la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que el pasado 27 de noviembre, desde su sede en Ginebra, Suiza, exigió atender las faltas al debido proceso de los acusados.

En un documento oficial, la ONU destacó que los juicios de Dominga, Marco Antonio, Lorenzo, Pedro y Teófilo “se habrían visto afectados por varias irregularidades, entre éstas la ponderación basada exclusivamente en declaraciones de los testigos de cargo que no estaban presentes en el momento y lugar del hecho delictivo; valoración de testimonios incoherentes e inverosímiles; desigualdad frente a los tribunales y en el acceso a la justicia; no respeto del principio de individualización de la pena; verificación de una inversión del onus probandi y consecuentemente violación del principio in dubio pro reo [una regla de valoración de la prueba, dirigido al Juez o Tribunal sentenciador o, en su caso a los miembros del Jurado, para que atemperen la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado, cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria.

Los seis defensores indígenas de la misma comunidad fueron acusados de la muerte de un empresario floricultor del municipio de Villa Guerrero, una localidad cercana a Tlanixco, con la que los mexiquenses sostienen un conflicto por el uso del agua desde hace tres décadas.

El desacuerdo entre las partes inició en la década de 1980 y se incrementó en el 2001 cuando la Comisión Nacional de Agua (Conagua) canceló la concesión del uso del recurso vital a la comunidad nahua y el Gobierno mexiquense, entonces encabezado por Arturo Montiel Rojas, entregó el río a la Asociación de Floricultores del municipio de Villa Guerrero (ASFLORVI), de la que actualmente depende el 67 por ciento de la producción nacional de flores.

Las detenciones de los seis cuidadores del agua se llevaron a cabo entre 2006 y 2007, durante el periodo de Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien años más adelante y ya como Presidente de la República, encabezaría una serie de reformas legales que se convirtieron en el marco del despojo de las tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas.

La Organización de las Naciones Unidas, que ahora sigue el caso ha destacado diferentes faltas en el debido proceso, principalmente en los rubros de presunción de inocencia, valoración de testimonios, individualización de la pena y duración de la prisión preventiva.

EN DEFENSA DEL AGUA

En la comunidad de Tlanixco nace el río Texcaltengo, que fue entubado sin consultar a la comunidad indígena y con el objetivo de asegurar el uso el agua a los floricultores de origen italiano y español instalados en Villa Guerrero.

El despojo del recurso hídrico fue posible gracias al encarcelamiento deconstituye una regla de valoración de la prueba, dirigido al Juez o Tribunal sentenciador o, en su caso, a los miembros del Jurado, para que atemperen la valoración de la prueba a criterios favorables al acusado, cuando su contenido arroje alguna duda sobre su virtualidad inculpatoria. Los pobladores habían interpuesto un amparo que impedía a Isaak Basso acercase a la comunidad, por lo que alertados de la situación se encontraron con el empresario, quien  al ser trasladado para presentarse ante las autoridades comunales –como los usos y costumbres lo determinan – cayó en una vereda y murió al instante.

El accidente se convirtió en el pretexto perfecto para que diera inicio la persecución y la campaña de desarticulación del movimiento.

En entrevista para SinEmbargo, Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, refiere que en las primeras comparecencias sobre el supuesto delito, los integrantes de la asociación de floricultores argumentaron no haber presenciado ningún acto que fuera denunciable. No obstante, a los 15 días del acontecimiento y “basados en sus propias investigaciones” señalaron a los defensores de la tierra como culpables.

En el intento por acabar con toda oposición, los miembros de la ASFLORVI llegaron a señalar a tres personas que ni siquiera estaban en la comunidad durante los hechos. Uno de los supuestos criminales, Venancio Zetina Gonzáles, tenía un liderazgo histórico de la comunidad e incluso había fallecido un año antes.

“El abogado de los empresarios ya en el juicio declaró: “no es cierto que nosotros hayamos visto algo”, lo que ocurrió fue que durante esos 15 días la hermana del occiso reunió a todos los empresarios en un rancho denominado San Francisco, ubicado en el municipio de Villa Guerrero, y mostró fotografías y videos de las protestas y de las mesas de diálogo en la que se destacaba la figura de los liderazgos del pueblo. Fue allí donde los empresarios obtuvieron nombres, características físicas de los líderes del pueblo y basado en eso presentaron la denuncia penal (…).

“Asimismo destacó que la fotografía de doña Dominga fue mostrada por un miembro de la Secretaria de Gobierno del Estado de México. Cuando les enseñan la fotografía exigen que la señalen a ella y entonces todos la señalan, porque doña Dominga era quién presentaba los amparos y los recursos legales para defender el río”, explicó Antonio Lara.

El señalamiento era claro: los defensores de la tierra representaban un obstáculo para los negocios del mismo Estado de México, por lo que se impulsó todo un proceso judicial en la que los argumentos serían difusos y poco apegados a la Ley.

Las acciones tuvieron el efecto esperado y los floricultores ganaron el control total del río Tlexcaltengo, mientras que las comunidades indígenas tienen prohibido el acceso al mismo. Además son señalados por la Procuraduría General de la República (PGR) como “poblado terrorista” en su línea de investigación PGR/tol/V/017/.

Seguir leyendo en Sin Embargo 

Tu opinión es importante:

comentarios