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Pese a visos anticonstitucionales aprueba Congreso convocatoria para Fiscal

Pese a los visos de inconstitucionalidad en su contenido, este jueves la LXXIV Legislatura local aprobó la convocatoria para la designación del Fiscal General del Estado, la que en tiempos se alargará hasta el primer trimestre de 2019.

Incluso previo a su aprobación, en tribuna la coordinadora parlamentaria del PT Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez reconoció los visos de anticonstitucionalidad y señaló la facultad de la Cámara para suprimir tal situación y blindar así la convocatoria, pero ni ella ni ningún diputado propusieron reformar alguna antes de la aprobación.

Cabe apuntar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una Acción de Inconstitucionalidad contra uno de los requisitos establecidos para ser Fiscal General del Estado establecidos en la Constitución del Estado y de la cual ya ha dado lugar a trámite la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el número 73/2018 dando cuenta a la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para su revisión.

De manera particular la CNDH controvierte que uno de los requisitos establecidos para ser Fiscal del Estado sea el no encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad, esto por considerar que resulta contrario al principio de presunción de inocencia, “pues prejuzga sobre la responsabilidad de una persona, y genera un efecto discriminatorio consistente en la imposibilidad de acceder a un empleo, a saber, el cargo público de Fiscal General de la Entidad”.
Brenda Fraga apuntó en Tribuna que aun, cuando el Congreso no se encuentra obligado a actuar antes de la sentencia que emita la Suprema Corte, sí lo está en el cumplimiento del párrafo tercero del artículo primero de la Constitución General, que establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“En consecuencia, el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Situación que justifica plenamente, que actuemos de forma anticipada a toda resolución jurisdiccional tanto en la emisión de la Convocatoria, como en una eventual reforma al texto constitucional del estado”.

Pese a todo la convocatoria fue aprobada en los términos establecidos en la propuesta elaborada por las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, y en ella se alarga por 90 días los tiempos de publicitación de la convocatoria y dejar abierto el plazo para que las comisiones definan el listado de los diez finalistas que habrán de entregar al Ejecutivo del Estado para que éste a su vez retorne una propuesta de terna al Congreso de la que se elegirá al Fiscal General.

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