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Reformarán Código Familiar para que matrimonios gay puedan registrar a sus hijos

 

Con la intención de que los matrimonios homoparentales, es decir de personas del mismo sexo puedan registrar sin complicaciones legales a sus hijos, en el Congreso local se busca reformar el Código Familiar del Estado en la materia.

La propuesta fue elaborada por el legislador Antonio Martínez Soto, parte de la problemática que han registrado en Michoacán los matrimonios gay para registrar a sus hijos, ya que sólo lo han podido lograr con juicios de amparo pues el tema no está legislado en el estado.

De acuerdo con el legislador amarillo, la protección jurídica de la familia no obedece a un modelo o estructura específico, al tratarse de un concepto social y dinámico que, como tal, el legislador ordinario debe proteger.

“Por tanto, si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución Política, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate”.

En la exposición de motivos de su iniciativa de reforma, Martínez Soto recuerda que en mayo de 2016 el Congreso del Estado aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, “no obstante, en la legislación estatal nos encontramos con varios obstáculos para que el modelo de familia homoparental pueda ejercer plenamente sus derechos humanos, uno de ellos ocurre cuando una pareja unida bajo el vínculo de sociedad de convivencia se somete a un tratamiento de reproducción asistida y logra concebir un hijo, esto hablando concretamente, y por razones de orden natural, de parejas conformadas por dos mujeres, al momento de presentarse ante el oficial del registro civil para su registro como hijo de matrimonio homogéneo, el oficial se ve imposibilitado a realizar dicho registro debido a que hace falta legislación en la materia.

“Derivado de lo anterior, el menor no puede acceder a sus derechos de filiación, seguridad social, acceso a la salud, vivienda, entre otros, violentando de esta manera varios derechos humanos entre los cuales destacan, el derecho humano a la identidad, el derecho a vivir libre de discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad humana, el derecho al sano esparcimiento y el interés primordial del menor, asimismo, esta omisión atenta contra los derechos de familia aún y cuando nuestro país forma parte de tratados internacionales que protegen dichas garantías”.

Martínez Soto cita algunos estudios en relación a los hijos de familias homoparentales uno de ellos de la American Psichological Association, Lesbian, Gay, & Bisexual Concerns Office, U.C. en donde se analizaron 55 casos de papás homosexuales o bisexuales que en total tenían 82 hijos de por lo menos 17 años de edad, “¿qué se descubrió?, que el 90% de dichos hijos se reconocieron como heterosexuales, de lo que se desprende que poco y nada tiene que ver la orientación sexual de sus padres”.

También cita del estudio Gartrell N y Bos sobre la familia lesbiana longitudinal en los Estados Unidos, aplicado a 154 familias con dos mamás lesbianas que tenían hijos entre 10 y 17 años, “entre otras cosas, concluye que los menores no sufrieron ningún tipo de desorden psicológico a causa de la composición de su familia; por el contrario, mostraron ser psicológicamente saludables, tener un buen rendimiento académico y una forma positiva de sociabilización.

“Existen precedentes jurídicos recientes en Michoacán, donde se han llevado a cabo seis registros, los cuales han procedido única y exclusivamente por la vía del Juicio de Amparo”.

Es así como Martínez Soto subraya como imperante reformar el Código Familiar con la finalidad de salvaguardar los derechos de los matrimonios homoparentales y el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

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