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Silencio del Tribunal Universitario por hostigamiento sexual contra estudiantes de Filosofía

Han pasado dos años y 10 meses desde que alumnas de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana denunciaran el hostigamiento sexual por un docente del plantel, sin que el Tribunal Universitario como órgano sancionador emita un pronunciamiento definitivo al respecto, actitud que a juicio de las afectadas, ha propiciado su revictimización y “ha contribuido a perpetuar un ambiente en el que se tolera y se justifica la violencia sexual contra las mujeres” en los espacios universitarios.

En el año 2016, señalaron esta mañana en rueda de prensa integrantes de la Red Intrusas, tras una primera denuncia presentada en abril, varias alumnas denunciaron en mayo y junio ante la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios Nicolaitas (DDHUN), el hostigamiento sexual del docente, lo que generó una recomendación el 27 de junio a favor de la primera denunciante y turnó el caso al Tribunal Universitario, como instancia responsable de dictaminar y sancionar.

Los días 11 y 15 de julio y 4 de agosto de 2016, en sesiones del Consejo Técnico de la Facultad, el maestro acusó a las estudiantes de esgrimir una campaña en su contra en los medios de comunicación, aunque señalan las integrantes de Intrusas, nunca participaron en tal acción, en tanto que en tales sesiones el maestro actuó como juez y parte al ser parte del mismo Consejo, ante el que desacreditó a la estudiante y acusó a la DDHUN de actuar parcialmente al privilegiar presuntamente las declaraciones de la denunciante, y acusó a la Defensoría de haber violentado sus derechos.

Turnado el caso al Tribunal, una de las denunciantes, señalaron ante los medios, se dio cuenta indirectamente de que el maestro había interpuesto un amparo y solicitado la suspensión del procedimiento, situación que califican de irregular al no proceder el amparo cuando no se había emitido ninguna sentencia o resolución por parte del organismo sancionador. El 9 de julio del 2018, al continuar las amenazas del docente en contra de una de las afectadas, ésta solicitó al Tribunal un informe sobre el expediente abierto, petición que fue subestimada por éste, al considerar que “había hechos y pruebas que debían separarse, no obstante que se tratara de hechos y pruebas vinculados directamente con los actos de hostigamiento sexual denunciados por la estudiante”.

El documento entregado por la estudiante, señalan, nunca fue integrado al expediente abierto ante el Tribunal Universitario, con el argumento de que éste sustituía el número del expediente, cuando la misma estudiante no conocía el mismo, lo que señalan constituye “una evidente concepción restringida del Derecho”, y aludieron a la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere que “cuando el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia por razones de género, deberán ordenarse las pruebas necesarias para visibilizar dicha situación”, por lo que la separación del documento que alude a hechos y pruebas a su juicio “va en un sentido contrario a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.

El Tribunal, señalaron, desechó en mayo del 2018 el amparo interpuesto por el maestro y reactivó el procedimiento que no debió suspenderse, y el 23 de enero de este año se retomaron las audiencias, con una queja del maestro acusado en contra del director del plantel, el 25 de marzo, por presunta violación a sus derechos, cuando el titular de la dependencia sólo dio curso a las denuncias planteadas, lo que es su responsabilidad; al igual que relacionó a una maestra como incitadora de acusaciones contra el docente en una manifestación realizada el 23 de enero de este año y la señaló como “querida” del director, lo cual rechazan las afectadas en aras del principio de confidencialidad que debía prevalecer y que el maestro acusado violentó, aseguran, al repartir en el Consejo Técnico copias de la queja a favor emitida por la DDHUN.

La actuación del Tribunal, al haber recibido un documento al docente y no dar validez a los hechos y pruebas presentados por la estudiante que lo acusa de continuo hostigamiento, a juicio de Intrusas, es una evidencia de “trato diferenciado” por parte de las instancias encargadas de sancionar, al igual que la dilación por parte del mismo en emitir un veredicto y sancionar, “no solo ha fomentado la violencia institucional, sino que también ha contribuido a perpetuar un ambiente en el que se tolera y se justifica la violencia sexual contra las mujeres”, al igual que contraviene el protocolo para un ambiente libre de violencia en la Universidad Michoacana y de no revictimizar a las afectadas.

Con 2 años y 10 meses de haber iniciado este proceso, señalaron, su última acción fue presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de citar que el maestro acusado ha sido objeto de un acta administrativa por ejercer al menos dos plazas de tiempo completo en dos instituciones, así como responsabilizan al Tribunal Universitario “de cualquier tipo de represalia contra la denunciante y sus acompañantes”.

 

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