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Suicidio de Alan García Perez: claves para su lectura política

Por José Carlos Llerena Robles*, Resumen Latinoamericano, 18 abril 2019

 

El día de hoy hace ya algunas horas falleció el expresidente del Perú Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011) quien “se disparó en la cabeza al conocer de su orden de detención preliminar por el caso Odebrecht” (1).

 

A continuación algunas claves necesarias a atender para una lectura de lo que esto significa desde la lucha de los pueblos y en un enfoque continental. Este es un análisis inicial a pocas horas de este suceso que definitivamente tendrá tanto implicancias políticas, jurídicas como sociales en el combate contra la corrupción en el Perú concentrada frente a élites políticas, mediáticas, judiciales y empresariales, por lo que se plantearan brevemente las principales claves para comprender lo sucedido desde el campo popular.

 

  1. Crisis de modelo: disputa entre élites

 

A nivel mundial nos encontramos en un contexto multipolar (la hegemonía norteamericana unipolar post caída del Muro de Berlín se enfrenta a nuevos actores como China, Rusia, India) y de transición (al menos en lo económico el imperio yankee viene siendo desplazado por China y la India cada vez se acerca más al segundo lugar de potencia económica mundial), lo cual ha terminado evidenciando la crisis del modelo de acumulación de capital, el capitalismo. Esta es una crisis multidimensional (de modelo económico, financiera, de vida y del trabajo, energética, alimentaria, cultural, de modelo de democracia, ambiental) que amenaza a la humanidad y la posibilidad de un futuro (Asamblea Internacional de los Pueblos, 2019).

 

En nuestro continente esta crisis se puede apreciar en la ofensiva del neoliberalismo, siempre al servicio del imperialismo norteamericano, en nuestros territorios para así asegurar la acumulación por despojo de nuestros recursos y priorizar la acumulación de capital sobre el trabajo de los pueblos, en vista que el vaquero del mundo ha perdido presencia en el Medio Oriente lo cual lo llevar a saciar su apetito capitalista (y sobretodo energético) en lo que denominaron su Patio Trasero. Sin embargo, esta ofensiva no es sencilla y se encuentra escenarios adversos producidos por la crisis que atraviesa el modelo económico.

 

Por ello, en distintos países de la región podemos apreciar que entre los mismos grupos dominantes existen rupturas y conflictos. En el Perú, este terremoto en la supraestructura y que ha remecido a la élite política, empresarial, judicial y mediática fue generado por las revelaciones de casos de corrupción alrededor de la empresa constructora Odebrecht a mediados del año 2017. Se estima que los montos de dinero alrededor de este caso oscilan entre los 45 millones de dólares. Es sintomático que todos los presidentes de la república elegidos en democracia estén siendo investigados por este caso. Entre ellos cabe resaltar la presencia del expresidente Alan García, quién ya había sido investigado por otros tipos penales a partir de su primer período presidencial de 1985-1990.

 

  1. Alan García y su historial de evadir la justicia

 

Mientras al inicio iban siendo afectados con mayor facilidad políticos y otros expresidentes en las investigaciones sobre este caso de emblemático corrupción, Alan García daba la impresión, con la experiencia que tiene en esta materia, de torear con destreza y facilidad las distintas potenciales imputaciones que se obtenían mediante las investigaciones del equipo fiscal especializado. Esto tanto mediante sus capacidades políticas personales, ya sea mediante entrevistas condescendientes de medios de comunicación de la prensa concentrada o el uso recurrente de su cuenta en Twitter, el bloqueo desde el parlamento por parte de la bancada aprista para entorpecer las investigaciones –en alianza con otras fuerzas en el congreso que buscaban el mismo objetivo- y la red de contactos a nivel de Poder Judicial que también fueron parte de otro escándalo en el aparato judicial en el primer semestre del 2018 y que fue denominado “Lava Jueces”.

 

No obstante, el año pasado, ya con otros peces gordos golpeados por el peso de las pruebas de las investigaciones, como Keiko Fujimori en prisión preventiva, Alejandro Toledo prófugo de la justicia, Ollanta Humala que junto a su cónyuge Nadine Heredia afrontaron 9 meses de prisión preventiva y el mismo expresidente renunciante Pedro Pablo Kuczynski que hoy se encuentra con prisión preventiva con arresto domiciliario, el equipo fiscal se iba acercando a García. Al inicio apelaba a viajar con regularidad a Europa donde tiene departamentos bajo su propiedad y luego de distintas maneras de eludir la investigación judicial llegó el lamentable y bochornoso momento donde solicita asilo a la Embajada Uruguaya en el Perú y que a los pocos días se le deniega (2).

 

A partir de ese momento se dicta una orden judicial de impedimento de salida del país por 18 meses mientras se realizan las investigaciones judiciales. Dicho impedimento seguía vigente hasta el día de hoy. A ello hay que agregar el amplio historial de burla al sistema de justicia que guarda el expresidente García por diversos escándalos –patrimoniales como violación de derechos humanos- referidos a su primer mandato presidencial (3).

 

  1. La detención preliminar y el allanamiento

 

El intento de suicidio de García el día tiene que ver con los avances en las investigaciones de casos de sobornos en la adjudicación y construcción del Metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011) (4). El delito en cuestión objeto de la investigación es el de lavado de activos.

 

Se emitió la orden judicial de detención preliminar (figura judicial distinta a la prisión preventiva) por 10 días de Alan García y 8 personas más cercanas a él y que tuvieron participación en el proceso de adjudicación y construcción del Metro de Lima así como el allanamiento de sus respectivos domicilios y lugares específicos solicitados por el equipo de fiscales especializados. Es ante la llegada las autoridades a su domicilio que García decide dispararse un tiro en la cabeza y luego es llevado al hospital Casimiro Ulloa donde horas más tarde informarían su deceso.

 

Entre las personas con orden de detención preliminar y allanamiento se encuentran 2 personajes clave: Luis Nava Guibert (exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de García Pérez y persona de confianza) y Miguel Atala Rivera (expresidente de PetroPerú durante el segundo mandato de García). Estas personas son clave porque mediante ellas se efectuaron pagos irregulares de parte de Odebrecht mediante (i) transferencia de dinero a cuentas de la offshore panameña Ammarin Investment Inc. en la Banca Privada de Andorra (aproximadamente 1 millón 300 mil dólares); y, (ii) pagos directos desde la famosa Caja 2 del Departamento del Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht administrada por su representante en el Perú el señor Jorge Barata (4 millones de dólares referidos a los Tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur). Tal como relata IDL Reporteros, a mayor profundidad de las investigaciones el camino del dinero se iba concentrando en un receptor: Luis Nava. El hombre de confianza de García Pérez. (5)

 

  1. Cuestiones pendientes y el campo popular

 

El fallecimiento de Alan García el día que iba a ser detenido preliminarmente a partir de las investigaciones sobre el caso Odebrecht y los hallazgos de responsabilidad de su hombre de confianza Luis Nava abren espacio a una serie de interrogantes y planteamientos que solo se aportarán de manera enunciativa con la esperanza que se traslade en debate y análisis desde los movimientos sociales:

 

  • ¿Qué sucederá con investigación judicial sobre la cual versa la orden de detención preliminar y allanamiento ordenada el día de hoy contra Alan García y demás?

 

Con la sola presentación del acta de defunción de Alan García se archivan de inmediato todos los procesos en su contra. En términos jurídicos, muere como inocente. Sin embargo, este archivamiento no significa que los procesos contra los demás imputados se detengan (6). Ahora bien, más allá del análisis estrictamente jurídico, cabe preguntarse desde un punto de vista política como impacta en las investigaciones que se excluya de las investigaciones a una persona como Alan García que a todas luces ejercía liderazgo entre las personas denunciadas, por lo menos en el caso del Metro de Lima. A ello sumarle el discurso que comienza a resonar en los medios de comunicación –muchos de ellos siempre complacientes en las entrevistas con el expresidente- acerca de victimizar a García Pérez y trasladar la atención a una supuesta y vergonzosa acusación de abuso de autoridad de parte del equipo de fiscales especializados que trabajan en el caso Odebrecht.

 

  • ¿Cómo queda el Partido Aprista sin su principal referente?

 

Desde hace varios años se vienen generando disputas entre distintos grupos al interior del partido aprista. Durante el último gobierno a propósito de la coyuntura Odebrecht esas divisiones y conflictos al interior del APRA se hizo más evidente en distintos lamentables episodios protagonizados por representantes de los grupos en disputa: los congresistas apristas Jorge del Castillo y Claude Maurice Mulder (7). A partir del día de hoy la muerte de García definitivamente incidirá en los conflictos internos en el APRA, la cuestión es tener claro el panorama de las fuerzas y alianzas que al menos al día de hoy no están aún claras.

 

  • La lectura del movimiento social

 

Si bien aún es temprano para definir un diagnóstico consensuado a partir de la muerte de García Pérez en el proceso de lucha que el campo popular en el Perú viene asumiendo contra el modelo neoliberal (modelo que encontró justamente en Alan García a su protector al privilegiar la acumulación del capital por parte de empresas transnacionales minando los derechos de trabajadores y trabajadoras, criminalizando la protesta social como en la masacre de Bagua en el 2009, violando derechos humanos como la matanza de Los Molinos hace 30 años y socavando nuestro medio ambiente y naturaleza a favor de las industrias extractivas), en las discusiones hay 3 aspectos que pueden servir de punto de partida para esta necesaria reflexión:

 

  • Interpretación del momento: Desde los movimientos sociales no comprendemos el fenómeno de la corrupción como un problema exclusivamente moral, como lo plantea el enfoque liberal, sino como un problema sistémico directamente relacionado con el modelo de acumulación de capital por despojo que se da en nuestros territorios desde hace 200 años. En ese sentido, nuestros esfuerzos deben en primer lugar destinarse a comprender el momento histórico que afrontamos para así poder continuar en la lucha con la corrupción que acabe con la impunidad de tantos criminales pero también con que se profundice esto y se evidencia que nos encontramos ante un problema inherente al capitalismo vigente que se encuentra en crisis. Parte de ello es que las investigaciones no se circunscriban al ámbito de los “políticos tradicionales” sino que llegue a todos lo protagonistas de los grupos dominantes en nuestro país (empresariado, medios de comunicación, entre otros).

 

Con relación a lo anterior el campo popular a partir de la situación continental está en la capacidad de comprender y difundir lo que realmente consiste el lawfare o la judicialización de la política. Este instrumento de dominación de las élites antipopulares en Nuestramérica bajo encargo y preparación del imperialismo norteamericano, que podemos apreciar claramente en la proscripción de líderes y lideresas populares y con amplia aprobación de la gente como el preso político Lula Da Silva en Brasil, los primeros visos de impedir que participe Cristina Fernández en los siguiente comicios presidenciales en Argentina dada su enorme capacidad de interpelación en el pueblo para erradicar la miseria y pobreza que trajo el macrismo y las imputaciones disparatadas contra Rafael Correa en Ecuador, no puede ser tergiversado por los grupos de poder en el Perú con la finalidad que prevalezca la impunidad. Ni Alan García ni Keiko Fujimori tienen ese respaldo de aprobación popular (todo lo contrario según cifras de cierre del 2018 tienen 93% y 86% de desaprobación, respectivamente) y ni que decir de sus lamentables resultados en los recientes procesos electorales. Además, en los casos de los mencionados líderes populares que fueron parte del denominado ciclo progresista se imputan cargos ridículos y absurdos, que solo cobran sentido cuando uno repara en que tanto Lula, Cristina como Correa han sido personas que han confrontado, en mayor o menos medida, al stablishment. Al respecto, en el caso peruano sobre Alan García existen pruebas categóricas e imputaciones serias –difícil imaginar que uno se quite la vida por cargos sin sustento- y además no solo no confrontó a los grupos de poder sino que siempre se alineó con ellos. Esto quiere decir que no encaja en la caracterización necesaria para afirmar que nos encontramos en un supuesto de judicialización de la política. Por esto es fundamental comprender la coyuntura nacional en el escenario de ofensiva neoliberal que aqueja a la Patria Grande.

  • Movilización contra la impunidad: En vista del discurso condescendiente y con una intencionalidad de impunidad clara el campo popular debe evaluar donde depositar su apoyo en esta batalla táctica de cara al horizonte estratégico que resulta tumbarnos el modelo neoliberal. Por ello la movilización en respaldo al frente de disputa que otorgue mayores posibilidades para construir los espacios necesarios para cambios profundos en la sociedad peruana es fundamental en este momento. Ellos -llámese la derecha, grupos de poder- lo harán. ¿Nosotros?

 

  • Organización en la batalla de ideas y recuperación de memoria nacional: El discurso del poder, de la dominación, de la élite que ha cooptado el aparato estatal para concentrar riqueza en pocas manos –las de siempre y los mismos apellidos de avenida- en detrimento de la justicia social del pueblo peruano a pocas horas del fallecimiento de García ya comienza a tomar forma y difusión. Si bien las demandas del pueblo peruano no son satisfechas ni menos aún celebrando la violencia ni la muerte de personas, no podemos permitir que se imponga un discurso de impunidad y se pretenda eliminar de la memoria nacional y colectiva los distintos crímenes patrimoniales y contra la vida en los que ha estado inmerso Alan García Pérez en su calidad de jefe de Estado dos veces. Es entonces donde corresponde organizarnos, planificar y asumir esta batalla de ideas. Ellos tendrán el dinero y los medios masivos de comunicación, nosotros y nosotras tenemos las calles, nuestros territorios, nuestros cuerpos. De cara al bicentenario tenemos deudas no resueltas con distintos episodios históricos de nuestro Perú que hemos preferido -cual característica propia de una Arcadia Colonial- no hablar, no debatir, no problematizar, no encarar. Aprovechemos esta reciente oportunidad para comenzar a trabajar métodos, enfoques, estrategias para encarar nuestra historia e interpelarnos entre peruanos y peruanos para juntos y juntas alcanzar nuestra segunda y definitiva independencia.

Referencias:

 

 

* Integrante de la Organización La Junta, de Perú

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