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Teatro Matamoros se manejó en licuadora financiera revela auditoría forense

Recursos por 60 millones de pesos destinados a la obra de construcción del Teatro Matamoros formaron parte de la licuadora financiera en la que se generó el quebranto económico para Michoacán y de los que la Secretaría de Cultura del Estado no proporcionó la información necesaria para aclarar su aplicación.

Lo anterior conforme a los informes de la firma PKF, encargada de realizar la Auditoría Forense mandatada por el Congreso del Estado a la Cuenta “Cargos por Aplicar” creada por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en 2003 y en la que desde ese año hasta el 2014 se operó la llamada licuadora financiera en Michoacán.

El reporte viene incluido en el informe trimestral que en mayo pasado presentó PKF como avance de la Auditoría Forense aplicada a la referida cuenta, sin embargo, en el reporte final de agosto de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado con base a los resultados arrojados por la firma, se omite cualquier alusión referente al Teatro Matamoros.

Esta semana el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunció que para diciembre próximo quedará concluida la obra del Teatro Matamoros al contar con cien millones de pesos que se lograron bajar de la Secretaría de Hacienda, más 20 millones de pesos más que pondrá la iniciativa privada. En total serán 120 millones adicionales.

Sobre las irregularidades financieras el mandatario señaló que los órganos de fiscalización y control deberán realizar su labor para emitir sus resultados.

Sin embargo para la fiscalización se requiere que la información sea proporcionada por las áreas responsables, y en el caso de la Secretaría de Cultura del gobierno silvanista no proporcionó la información requerida para la Auditoría Forense como se consigna en el informe trimestral de mayo pasado.

Dentro de la cuenta Cargos por Aplicar se manejaron diversos créditos contratados por el Estado con instituciones financieras, uno de ellos por mil cien millones de pesos con Banca Afirme en 2011.

En ese crédito se etiquetaron 30 obras para inyectarles recursos que se manejaron en la licuadora financiera que operaba a través de la cuenta Cargos por Aplicar. A una de esas obras a ejecutar por la Secretaría de Cultura se destinaron 60 millones de pesos, se trataba del Teatro Matamoros.

En el informe final presentado en agosto por la Secretaría de Finanzas sobre la Auditoría Forense, no se da cuenta ni resultado alguno sobre el destino y manejo de esos 60 millones de pesos.

Cola larga

Los 60 millones de pesos reportados en la Auditoría Forense sobre el Teatro Matamoros son sólo una parte del recurso total invertido en la obra que para el 2015 ya registraba un incremento de más del 200 por ciento en su costo original, y que con los recursos adicionales anunciados esta semana por Aureoles Conejo alcanzaría cerca de un 300 por ciento de alza en costos.

El último informe detallado de la Auditoría Superior sobre la situación del Teatro Matamoros que se ha conocido públicamente data del 2015. En él se daba cuenta de como un total de 41 obras por un monto de 225.8 millones de pesos habían sido contratadas hasta ese momento para la edificación del Teatro que para entonces registraba un incremento del 209 por ciento en su costo original proyectado. La obra que se pretendía inaugurar inicialmente en 2010.

En su informe la Auditoría refería que el Fideicomiso del teatro, por ser público, debió coordinarse con una dependencia que cumpla ante el gobierno estatal con la capacidad técnica de desarrollar una obra, ya que ni la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, ni la Ley de Entidades Paraestatales facultaban a un fideicomiso a realizar obra.

“De acuerdo a las actas de reuniones operativas celebradas por los integrantes del Fideicomiso, se encontró que se realizó un presupuesto estimado por los conceptos de remodelación y obra nueva, sin establecer en base a qué se determinó dicho presupuesto ya que no está respaldado por un catálogo de conceptos, cálculo del análisis de precios unitarios con base a las especificaciones, normas de calidad de los materiales y procedimientos de constricción y no se establece que el Comité Técnico contara con un anteproyecto para dicho presupuesto estimado”.

Con esas irregularidades de origen, los informes señalaban que se autorizó la contratación y los honorarios del arquitecto Mauricio Rocha Iturbe, quien también realizó la remodelación y construcción de las salas de juicios orales del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por ser la única propuesta para la elaboración del proyecto arquitectónico.

“Sin tener un análisis previo o presupuesto base, no se tiene certeza del porqué se inició la ejecución de los trabajos sin contar con un Programa Operativo Anual y sus respectivos presupuestos, lo que ha derivado en un incremento del costo de la obra autorizado de hasta un 209 por ciento del monto considerado en el presupuesto estimado”.

La autoridad fiscalizadora tuvo conocimiento también, de que se habían contratado 41 obras por un monto total de 225 millones 855 mil 919.45 pesos, de los cuales, sin que para ellas existiera planeación y programación previa, o siquiera una calendarización de los trabajos, mucho menos hubo definición de objetivos.

Se agregaba demás que el Fideicomiso no poseía la capacidad técnica, al no contar con las atribuciones relacionadas con la direcciones de Obras, de Proyectos e Ingeniería, y de Procesos de Licitación y Adjudicación de Obras, sin embargo, en los acuerdos celebrados por el Comité Técnico del Fideicomiso, se autorizó e instruyó al secretario técnico, a llevar a cabo las acciones pertinentes para la licitación, adjudicación y contratación de las obras.

“No es claro es procedimiento que se siguió para determinar que la obra requiere aplicaciones de sistemas y procedimientos de tecnología avanzadas, los procedimientos, criterios y programas de obra para establecer que la modalidad de adjudicación directa fuese la mejor opción de contratación, incumplimiento con lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Obras Públicas del Estado y sus Municipios”.

Al carecer de una dependencia coordinadora con la capacidad técnica para llevar a cabo el procedimiento referido, el órgano fiscalizador consideraba que no se aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la Ley.

“Se desconoce la fecha de reanudación de los trabajos pendientes por ejecutar y si existe la suficiencia presupuestal para dar término a dichos trabajos”, apuntaba para entonces el órgano fiscalizador.

En diciembre de 2015 el titular de la Auditoría, José Luis López Salgado dio a conocer que el expresidente del Comité Técnico del Fideicomiso Banamex del Teatro Matamoros, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, era sujeto a un procedimiento de responsabilidades administrativas, del que hasta el momento no hay resultados concretos.

De hecho ese mismo año Cárdenas Batel presentó una demanda laboral contra el Gobierno del Estado por dos millones de pesos, argumentando salarios que se le debían en su carácter de presidente del Fideicomiso.

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